Otra ilegalidad de Sánchez: dice que prohibirá a energéticas y banca subir precios tras el impuestazo

La improvisación y desesperación del Gobierno por poner en marcha su última ocurrencia populista -el impuestazo a las energéticas y a la banca- le ha llevado a anunciar que pretende prohibir que las empresas y entidades trasladen ese coste a sus clientes. Una prohibición que es impracticable puesto que en una economía libre como la española no se puede intervenir en la fijación de precios de los productos y servicios… Salvo que Pedro Sánchez quiera imponer un control de precios al estilo de economías intervenidas como Venezuela.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este jueves que «en la norma tenemos contemplado que se va a prohibir la repercusión del gravamen al precio final y se le va a dotar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de todas las funciones para que vigile y aplique sanciones si alguna empresa se separa de la legalidad». Algo que ha reiterado el portavoz de Podemos, Pablo Echenique, que ha ido más allá, en su línea: «La solución más sencilla para que no puedan llevar a cabo estas prácticas mafiosas es que hubiera un banco público y una eléctrica pública».

Pero el Ejecutivo de coalición choca aquí con la dura realidad de que legalmente no puede prohibir la traslación de ese impuesto a los clientes.  Hay impuestos como el IVA cuyo pagador es el cliente final, por lo que las empresas tienen que trasladárselos legalmente al cliente y actúan como meras recaudadora. Pero aparte de esa repercusión legal existe la repercusión en precio cuando el sujeto pasivo es la empresa, que supone incluir el nuevo impuesto en su estructura de costes a la hora de fijar libremente sus precios.

«No se puede impedir legalmente que los bancos incrementen los precios de sus comisiones y de sus servicios porque son precios libres, y ninguna empresa tiene que justificar un aumento de precios, pueden poner los precios que quieran», explica un experto, que cita como ejemplo la subida del precio de los carburantes. Por tanto, se abre una vía para recurrir ante los tribunales la prohibición anunciada por Montero y Echenique.

Otro añade que esa capacidad para subir precios depende del grado de competencia en cada mercado: «Cuando la ley no te dice que repercutas un impuesto, para ti es un coste más y lo repercutes en función del nivel de competencia que hay en tu sector para maximizar el beneficio. Intentas subir el precio todo lo que puedas e intentas abaratar los costes, pero el impuesto no lo puedes bajar. Si hay mucha competencia, te lo tienes que comer, pero en un mercado  donde hay poca, lo trasladas».

Nadie tiene que justificar cómo fija sus precios

Este experto pone como ejemplo la traslación de la subida de la electricidad a los precios: unos sectores lo han trasladado a sus precios en mayor medida que otros, porque no todos tienen la misma capacidad para repercutirlo.

Además, no las empresas no tienen ninguna obligación de justificar sus precios: «Si un banco sube las comisiones, es imposible vincularlo al impuesto. Puedes decir que subes los tipos de interés de los créditos para prepararte para la recesión. Se basan en su análisis de costes», añade otro profesional tributario.

Como ha informado OKDIARIO, la banca tiene muchas vías para trasladar el nuevo impuesto a sus clientes: subida de comisiones, cobro por los depósitos -aunque es difícil que esa medida se traslade a los minoristas- e incremento de los tipos de interés de los créditos. Algo que puede tener efectos de segunda ronda, tanto para el sector (menores beneficios, nuevos despidos) como para la economía en general derivada de la menor inversión al ser más difícil acceder al crédito.

Las eléctricas lo tienen todavía más fácil, ya que incluyen ese coste en el precio al que pujan en la subasta diaria del precio de la luz. Eso, en el caso de los clientes del mercado regulado; en los del libre, aplicarán una revisión al alza del precio cuando les toque renovar el contrato.